BUENOS AIRES.- Dos reuniones claves sirvieron en los últimos días para describir cuál es la sensación que tiene el mundo empresario de cara al modelo económico. En ambos casos, sembraron temor entre los hombres de negocios por el futuro inmediato. Una primera reunión con las terminales automotrices. La segunda, con gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos. La sensación que quedó flotando es que el modelo está agotando sus pilas y que, por otra parte, no tiene solución de continuidad. En el primero de los cónclaves, al margen del pedido oficial para aumentar la participación de partes argentinas en la fabricación de los automóviles, las terminales optaron por reiterar reclamos para que se abran las importaciones de insumos.

Esto fue planteado durante una reunión con la ministra de Industria, Débora Giorgi, en la cual los industriales mostraron su fastidio por las trabas aplicadas por Guillermo Moreno. El clima de la reunión se fue enturbiando al punto tal que hubo que calmar a otros ejecutivos que amenazaron con retirarse si no había resultados concretos al levantamiento de las barreras aduaneras. La queja se originó cuando las plantas empezaron a encontrar obstáculos para abastecerse y mantener la actividad en las plantas locales. Hoy se encuentran casi sin stocks.

El principal problema no sólo es ese, sino que no van a poder lanzar nuevos modelos. Se calcula que las terminales pondrán entre 15 y 20 nuevos modelos de aquí a fin de año. "Todo dependerá de lo que haga el gobierno", dijo un importante ejecutivo. En un sector afín, uno de los más dinámicos de la economía, se empezó a sentir la caída de la demanda. La venta de maquinaria agrícola cayó 24% en el primer semestre aun con precios elevados para los commodities que exporta la Argentina. Este indicador congela cualquier expectativa de un potencial efecto derrame y arroja un cono de sombra sobre el resto de las actividades.

El encuentro con mandatarios provinciales resultó con un tono más encendido. La explicación del viceministro de Economía, Axel Kiciloff, sobre los alcances del Decreto 1277 referido al manejo de los hidrocarburos no los satisfizo, aunque dejó más tranquilo al CEO de YPF, Miguel Galuccio. Los gobernadores hicieron sentir su malestar porque el manejo de la política de hidrocarburos quedaba en manos de la Nación. Plantearon que los términos del decreto alejan toda posibilidad de explorar nuevas cuencas. "Si vos llamás a un inversor y le ofrecés la explotación de un área por determinada cantidad de años, pero al mismo tiempo le decís que si al Estado Nacional se le ocurre fijarte el precio, las condiciones, el plazo y en definitiva la propiedad de tus inversiones, está claro que nadie se va aventurar a invertir y las provincias no vamos a poder realizar nuevas concesiones", comentó un ministro provincial.

En un documento, el IAE General Mosconi analizó el decreto Nº 1277 y observa que "una vez más, se ha elegido el camino equivocado, un instrumento que modifica leyes vigentes, y que erróneamente atribuye funciones a una comisión que no está facultada para asumirlas sin lesionar los intereses de las provincias y de las empresas del sector. En este contexto es preocupante el silencio de la oposición política y, muy particularmente, el de los empresarios; siendo por demás tibia la reacción provincial. Esto último pude ser síntoma tanto de la falta de ideas, como del temor a expresarse libremente ante la posible represalia gubernamental que rige hoy en Argentina".

En otro tramo de su análisis, el IAE pone de relieve que "la organización sectorial prevista en el Decreto 1277 solo sería aplicable a una situación de capitalismo de estado y monopólica, que hoy no existe en nuestro país", a la vez que destaca que "se ha desconocido la facultad de las provincias derivada de la Constitución de 1994, reconocida explícitamente por la Ley 26.197". El decreto irritó el clima de la reunión y sólo conformó por ahora a Galuccio ya que el gobierno dejaría las manos libres a YPF para que pueda fijar su política de precios en función de las inversiones que necesite. El acuerdo que firmó el gobierno con las provincias productoras no es más que una "cortina de humo" que oculta el verdadero rostro del plan oficial para manejar a discreción el negocio hidrocarburífero.